Lo más honrado por su parte sería pedir ayuda a familiares, servicios sociales u organizaciones de beneficencia para firmar a la propietaria la resolución del contrato, abandonar la vivienda cuanto antes y no seguir acumulando más deuda.

En caso de no hacerlo y permanecer en la vivienda sin pagar hasta la fecha del juicio y posterior desahucio, no sólo será sacada por la fuerza, sino que además será condenada a abonar todos los meses que transcurran hasta su efectiva marcha del inmueble, además de las costas judiciales de ambas partes. Y estaríamos hablando de una deuda de varios miles de euros, que aunque ahora no pudiera pagar le perseguiría en el futuro, pudiendo serle embargadas las nóminas el día que encuentre trabajo, el coche el día que pueda comprarse uno o cualquier cuenta bancaria el día que decida ingresar dinero en una.