La ley de arrendamientos urbanos permite que los gastos generales que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, como es el aparcamiento, sean a cargo del arrendatario, pero sólo si en el contrato se especifica su importe (art. 20. 1).

Las cantidades que pague el arrendatario por esos conceptos solo pueden ser modificadas anualmente y nunca en proporción superior al doble del IPC (art. 20. 2), salvo que hayan transcurrido más de cinco años de contrato.

Si se han pagado cantidades indebidas, el arrendatario puede reclamar su devolución.